Comprobación de Valores- Anulación por falta de motivación

Vovemos a obtener una nueva Resolución Favorable del Tribunal Económico- Administrativo Regional de Valencia contra la contra liquidación de la Oficina Liquidadora como consecuencia de comprobación de valores efectuada sobre determinada operación referida a inmuebles.

Es de destacar que el TEAR vuelve a insistir para anular la comprobación en la doctrina que ha sentado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, tal cual dice en su Fundamento de derecho Cuarto, el cual en “numerosisimas Sentencias de que es en el expediente y en el propio acto administrativo de valoración donde la Administración tiene que motivar la valoración, sin que sea sufiiente a estos efectos la remisión a unos estudios de mercado obrantes en las dependencias administrativas y cuya posibilidad de consulta se ofrece al interesado, ni la aplicación de unas valoraciones preexistentes de zona multiplicadas por correcciones y coeficientes cuyas razones de aplicación no se constatan en el expediente, por lo que no nos encontramos ante valoraciones singularizadas sino que son fruto de la aplicación de unos criterios genéricos desligados del bien concreto cuyo valor se comprueba.

En este sentido podemos citar la sentencia n° 1/2008, de 10 de enero (Rec. n° 2094/07), que examina la falta de motivación del acto fundado en una hoja de valoración de circunstancias análogas a la presente en el caso que aquí nos ocupa. Así se pronuncia en su fundamento jurídico tercero en los siguientes términos: “La Administración Tributaria la que tiene la facultad de comprobar el valor, esto es, de demostrar que el valor asignado por el recurrente a su valoración es incorrecto en relación con el real o de mercado, de tal suerte que existe la presunción “iuris tantum” de que el valor declarado, mientras se ajuste al valor asignado por la Administración a efectos catastrales, es correcto, y es a la Administración a la que compete la carga de la prueba de que no es así, en cada operación en particular. Por lo tanto, como ya se dijo en la sentencia transcrita, no basta con poner a disposición del reclamante los estudios de mercado a partir de los cuales se han obtenido los parámetros aplicables en la presente valoración, circunstancia que ya demuestra palpablemente la indefensión del interesado, y la de la propia Sala, a no ser que se considere que esta tiene la posibilidad de consultar en la sede de la Administración Tributaria esos estudios, sino que los motivos y circunstancias en que se basa la Administración para elevar la valoración efectuada por el interesado han de constar en el expediente administrativo y en la propia notificación que se hace al contribuyente. Así lo dispone taxativamente el articulo 124 letra a) de la Ley General Tributaria: “Cuando supongan un aumento de la base imponible respecto de la declarada por el interesado, la notificación deberá expresar de forma concreta los hechos y elementos que la motivan”.
En el expediente administrativo tan solo consta una denominada hoja de valoración de bienes inmuebles urbanos, en la que en el Anexo I.A (“descripción del método de valoración de inmuebles urbanos”), se describe genéricamente como se calcula el valor del suelo, el de la construcción y el del suelo y construcción como el de los costes de producción de inmuebles urbanos, llegándose al establecimiento de una formula polinómica, respecto de cuyo método la Sala en principio nada tiene que objetar.· Y en el Anexo II se regula el “Detalle de la valoración” en el que se designa la finca y su uso o destino y donde se dice que “el suelo se valora por repercusión, es decir, en pts/m2 de superficie construida, real o potencial, de acuerdo con el uso del inmueble y la categoría, dado dicho uso, de la zona donde se halla ubicado. A estos efectos, los valores tipo de repercusión del suelo (Rs1) – No se dice de donde se toman, ni constan los estudios por los que se llega a dicho valor- y por m2 de la construcción (Mc1), así como los coeficientes correctores aplicables al inmueble objeto de la presente valoración son los que a continuación se indican”, pasando a continuación a la aplicación concreta de estos valores previamente preestablecidos, a los que se aplica un coeficiente corrector por la antigüedad y estado de conservación.
En modo alguno se demuestra que se haya efectuado una visita real al inmueble transmitido, ni que se hayan valorado las condiciones reales de cada inmueble, sino que el dictamen emitido por el técnico de valoración se ha limitado a aplicar unas desconocidas, para la parte y para la Sala, valoraciones preexistentes de zonificación, multiplicándolas por las correcciones antes citadas, corrigiéndolas por la antigüedad, fácilmente deducible, y el estado de conservación, cuya calificación se desconoce de donde procede, aunque no consta que sea de una visita del inmueble por parte del perito.
En consecuencia, el sistema de valoración empleado por la Administración parte de unos estudios económicos previos que no constan el expediente administrativo ni a la parte ni a la Sala y desde luego no consta que se haya hecho una efectiva comprobación.”
FALLO

Este Tribunal en única instancia, acuerda ESTIMAR la reclamación interpuesta, anulando la comprobación de valores impugnada y las liquidaciones en su caso giradas que traigan causa de la misma.

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