VIDEOVIGILANCIA

Al hilo de una conversación mantenida hoy ha surgido el tema de la proliferación de las cámaras de seguridad, tanto en los comercios como en los edificios particulares y garajes o parkings, públicos y privados.

Ante esta situación mi contertulio lo primero que me ha preguntado es si es legal la instalación de dichas cámaras, para acto seguido manifestarme su preocupación por si atentaban contra alguno de sus derechos. Lógicamente también ha preguntado por el uso de las cámaras de seguridad instaladas en la vía pública.

Mi respuesta ha sido corta y concisa por el lugar y momento en que me la ha realizado, y ha sido esta: Por un lado existe una Ley Orgánica que regula la utilización de las videocámaras para la grabación de imágenes,  los únicos que están legitimados son las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y con la única finalidad de contribuir a la seguridad pública, con lo cual también le respondía a su primera pregunta: los particulares no están autorizados a la grabación de imágenes, aun solo sea en tiempo real, en los lugares públicos.

Esta pregunta me ha dado la oportunidad de escribir estas líneas para que podamos tener una visión general de esta situación tan normal, pero que por otra parte puede vulnerar, como de hecho ocurre en muchas ocasiones, el derecho a la protección de datos de carácter personal. Tan solo cabe muchas veces oir los telediarios o las noticias de la televisión para darnos cuenta de que ciertos aspectos de nuestras vidas quedan grabados en camaras de establecimientos privados, que aunque en muchos casos hayan servido para identificar delitos, en la gran mayoría quedan grabados y no contribuyen a descubrirlos.

Hemos de tener en cuenta que la Agencia Española de Protección de Datos dictó la Instrucción 1/2006 de 8 de noviembre en la que clarificaba las dudas que se generaban ante el incremento de los sistemas de videovigilancia, puesto que esta fuera de toda duda o discusión que la captación de imágenes con fines de videogilancia y control se encuentra sometido a la LOPD como tratamiento de datos de carácter personal que es esta videovigilancia, incluida su emisión o reproducción en tiempo real y aunque no se grabe;  por tanto, como tratamiento de datos personales se debe de estar a lo dispuesto en el artículo 6 de la LOPD, es decir, que se necesita el consentimiento inequívoco del afectado.

Todas estas cuestiones han sido objeto de la Resolución R/01888/2012 de la Agencia Española de Protección de Datos, la cual impone una sanción de 2.500’00€ por la infracción del artículo 6.1 de la LOPD, tipificada como grave en el artículo 44.3b) de la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal, la cual especifica que las cámaras de videovigilancia reproducen la imagen de los afectados por este tipo de tratamientos y, a efectos de la LOPD, la imagen de una persona constituye un dato de carácter personal, toda vez que la información que capta concierne a personas y suministra información sobre la imagen personal de éstas, el lugar de su captación y la actividad desarrollada por el individuo al que la imagen se refiere. …El tratamiento de las imágenes deberá respetar el principio de proporcionalidad que consagra el artículo 4.1 de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos, es decir, que la captación de imágenes debe de ser adecuada, pertinente y no excesiva con la finalidad que se pretende, por lo que las imagenes que se capten en la zona de vía pública adyacente o que circunda a los inmuebles donde se instalen es motivo sancionable siempre y cuando esa recogida de imágenes de la vía pública no se limite al espacio imprescindible que asegure la vigilancia del local que a que se refiera.

Tras esta clarificante postura de la Agencia Española de Protección de Datos, se debe de ser sumamente cuidadoso a la hora de instalar las cámaras de videovigilancia para no vulnerar la Ley Orgánica de Protección de Datos.

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