PARALIZACION DESAHUCIOS EJECUCIONES HIPOTECARIAS

Hoy entra en vigor el  Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios.

Como deja a entender este RDL en su exposición de motivos, existe una necesidad de abordar una reforma más extensa que analice mejoras sobre los mecanismos de ejecución hipotecaria, las cuales a día de la fecha ha demostrado que se producen situaciones injustas.

 Planteado desde este punto de vista es especialmente importante el que se haya acordado la suspensión inmediata y por un plazo de dos años de los desahucios de las familias que se encuentren en una situación de especial riesgo de exclusión, pero particularmente comprendo a los sectores que demandan que hubiese sido necesario que pudiese abarcar a más personas que se encuentran en situaciones desesperadas.

 De la misma forma entiendo a las entidades financieras que defiendan sus intereses, pero eso no implica necesariamente ocurra como dicen las mismas, de que el coste de esta medida única y exclusivamente lo soportan ellas.

 Que gran falacia decir que solo lo soportan ellas cuando la realidad es que todos, o la gran mayoría, de los desahucios que se están produciendo y los que se producirán en este tiempo, son o serán sobre viviendas que van a estar desocupadas durante este plazo de dos años, si no más.

El grave problema de adoptarla viene determinado porque hay que buscar el punto de equilibrio para que una medida de éste calibre no haga peligrar la situación económica por la que atraviesa el País, cosa que se me antoja arto difícil, ya que nunca podrán aunarse los criterios de la banca con los criterios de las personas endeudadas, pero lo cierto es que me parece acertado el tomar una primera medida para que en situaciones extremas no se produzcan más casos “sangrantes” como hasta ahora.

 Lo que es triste es que hayan tenido que ocurrir estas situaciones extremas y  darles un tratamiento de prensa amarilla para que se tomen decisiones de forma urgente.

 A mi entender no valen las excusas que están poniendo los Partidos Políticos y/o políticos para apoyar o dejar de apoyar la medida. La única realidad es que la situación en que se encontraban muchas familias no ha sido digna de tomarse en consideración con urgencia hasta hoy, aun a pesar de que la grave crisis económica por la que estamos atravesando no haya aparecido de la noche a la mañana, sino que ya llevamos mucho tiempo inmersa en ella. Tanto el gobierno anterior como el gobierno actual entiendo han actuado tarde, pero creo que es hora de que todos los políticos hagan una reflexión y se sitúen en el mundo real, con los problemas que afectan a la gente normal y que dejen de estar en esa posición privilegiada que les hace estar muy lejanos de la sociedad y de los ciudadanos, creo que es hora de arrimar el hombro entre todos y de sacar a este país de la situación a la que hemos llegado, olvidándose de que es lo que tiene que decir cada uno de ellos en cada momento para intentar conseguir que en el correspondiente sondeo salga una intención de voto más o menos favorable. Es hora de olvidarse de los sondeos de intención de voto y de dedicarse para lo que han sido elegidos, para sacar a este país de la crisis lo antes posible.

 Una vez dicho esto, el RDL que hoy entra en vigor establece que será de aplicación a los procesos judiciales o extrajudiciales de ejecución hipotecaria que estén iniciados pero no se haya producido el desahucio, permitiendo que el deudor, es decir, que a partir de hoy el lanzamiento quedara paralizado durante dos años pudiendo seguir viviendo el deudor durante este tiempo sin que le suponga coste alguno pero siempre que sea de la vivienda habitual de las personas especialmente vulnerables, y estas según el Real Decreto son:

  • Las familias numerosas
  • La unidad monoparental con dos hijos a su cargo
  • Familias con un menor de tres años.
  • Familias en las que uno de sus miembros tenga una discapacidad superior al 33 %, o que estén  situación de dependencia o enfermedad que le incapacite para trabajar
  • Familias en las que exista una víctima de violencia de género y siempre de que la vivienda objeto de lanzamiento constituya su domicilio habitual

 Además de estas situaciones tienen que concurrir unos requisitos como son:

  • Los ingresos familiares no supere el  límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, en el 2012 un máximo de 1.597€ mensuales.
  • Que en los cuatro años anteriores al momento de la solicitud, la unidad familiar haya sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas, en términos de esfuerzo de acceso a la vivienda, es decir, que el esfuerzo represente que el pago de la hipoteca se haya multiplicado por 1’5
  • Que la cuota hipotecaria resulte superior al 50 por cien de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar
  • Que se trate de un crédito o préstamo garantizado con hipoteca que recaiga sobre la única vivienda en propiedad del deudor y concedido para la adquisición de esta.

El mismo Real Decreto Ley adopta un mandato al gobierno para que junto con los bancos, Cajas de Ahorro y demás entidades financieras se cree un Fondo Social con las viviendas de las anteriores para se facilite a las personas que han sido desalojadas con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto Ley de su vivienda habitual por impago de la hipoteca el acceso a contratos de arrendamiento con rentas asumibles en función de los ingresos que perciban.

Francisco Picó

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