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Ley de Emprendedores

Ya está en marcha la Ley de Emprendedores
El anteproyecto de Ley de Apoyo a los Emprendedores y su internacionalización ha sido aprobada por el Consejo de Ministro del 24 de mayo de 2013, el cual se tramitará por vía de urgencia con el objetivo de que entre en vigor el 1 de enero de 2014.
Con esta Ley lo que se pretende es facilitar la iniciativa emprendedora por medio de ayudas y apoyos en la financiación, así como apoyos fiscales y de seguridad Social.
Las claves de la Ley de Emprendedores se centran en l,os siguientes puntos:
Limitación de la responsabilidad de los emprendedores, así los emprendedores que inicien su actividad no responderán con su vivienda habitual por las deudas empresariales siempre y cuando esta no supere los 300.000’00€.
También los autónomos o Emprersarios de Responsabilidad Limitada gozaran de mayor protección en los procedimientos de embargo por deudas tributarias o de la seguridad social que afecten a su vivienda habitual.
Una de las medidas estrellas es el llamado “criterio de caja” para el IVA en los autónomos y PYMES, de tal forma que se permitirá ingresar el IVA cuando se cobre la factura
Se permitirá la creación de una Sociedad Limitada de Formación Sucesiva, es decir, se crea la posibilidad de crear una sociedad de responsabilidad con capital inferior a 3.000’00€ pero que tendrá ciertas condiciones para asegurar la protección de terceros hasta que alcance la cifra de 3.000€ vigente hoy en las SRL.
Se Agilizaran los tramites para la creación de empresa, de tal forma que lo que se pretende es que entre 24 y 48horas pueda estar constituida o registrada una empresa. Para todo ello se crearan Puntos de Atención al Emprendedor, consistente en una ventanilla única donde se podrán realizar todos los trámites para el inicio, ejercicio y cese de la actividad.
También se crea una segunda oportunidad a los emprendedores mediante la creación de mecanismos ágiles y eficaces de negociación extrajudicial de deudas.
Incentivos a la inversión en el Impuesto de sociedades, así las empresas con un volumen de negocio inferior a 10 millones de € podrán deducirse hasta un 10% de los beneficios obtenidos en el período impositivo que se reinviertan en la actividad económica, incentivos aplicables también a los autónomos, también se incentiva fiscalmente la inversión en I+D+i, permitiéndose que las deducciones por I+D+i que puedan aplicarse en un ejercicio puedan recuperarse mediante un sistema único en España de devoluciones.
Se amplia los incentivos fiscales para los denominados PATENT BOX, de tal forma que las rentas obtenidas por su cesión gozarán de una reducción de hasta el 60%
Se estimula o fomenta el “business angels” o inversor de proximidad en el IRPF mediante la deducción del 20% en la cuota estatal en el IRPF con ocasión de la inversión realizada al entrar en la sociedad, siendo la base máxima de la deducción 20.000€ anuales, y con una exención total de la plusvalía al salir de la sociedad, siempre y cuando se reinvierta en otra entidad de nueva o reciente creación
Se fomenta la pluriactividad con deducciones en las cuotas de la Seguridad Social.
Se modifica la Ley concursal en los acuerdos de refinanciación con la agilización del procedimiento de designación del experto independiente y con una reducción de las mayorías exigidas para la homologación del acuerdo.
Se reducen las Cargas administrativas, así habrá una revisión periódica del clima de negocios, se introduce la cláusula “One in-One out”: Cada carga administrativa introducida deberá compensarse con, al menos, la eliminación de una carga de coste equivalente.
Se eliminan obstáculos a los emprendedores para su acceso a la contratación publica, de tal forma que se facilita el contacto entre pequeños emprendedores que deseen crear uniones de empresarios, dándose de alta en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado.
Se elevan los umbrales para la exigencia de la clasificación en los contratos de obras y de servicio.
Se adecua el régimen de garantías para la contratación pública a las posibilidades del emprendedor.
Se simplifican los trámites, pudiendo sustituir la aportación inicial de la documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones para contratar por una declaración responsable.
Se prohíbe expresamente la discriminación a favor de contratistas previos.
Y en cuanto a la lucha contra la morosidad, se reduce el plazo de demora para que el contratista pueda resolver el contrato.
Se fomenta la internacionalización de la economía española mediante un Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía Española, que incluirá un sistema de evaluación y control de los instrumentos que integran el Plan.

Se fortalece los organismos de apoyo a la internacionalización potenciando la actuación de la red exterior y territorial del Ministerio de Economia y Competitividad y fortaleciendo el papel de ICEX España Exportación e Inversiones

Se refuerzan los instrumentos financieros de apoyo a la internacionalización: Fondo para Inversiones en el Exterior (FIEX), el Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM) y el Convenio de Ajuste Recíproco de Intereses (CARI).

Se facilita un mayor acceso de las empresas empresas españolas a los proyectos abiertos a concurso en otros países.

Se fomenta la entrada de inversión y talento en España facilitando y agilizando la concesión de permisos de residencia para los que una cuantía económica significativa o de interés general; para emprendedores respecto de una actividad de carácter innovador con especial interés económico, valorando prioritariamente la creación de empleo; profesionales altamente cualificados, y para los extranjeros que se desplacen a España en el marco de una relación laboral, profesional o por motivos de formación profesional, por una duración igual a la del traslado.

Dentro de la Ley de Emprendedores se encuentra el denominado proyecto EMPRENDE EN 3, el cual consiste en un un sistema de tramitación telemática para la constitución y puesta en marcha de una actividad empresarial. Se trata de una plataforma desarrollada con la participación de las Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, representadas por la Federación Española de Municipios y Provincias, que permite realizar los trámites necesarios con las tres Administraciones simultáneamente al permitir llegar las declaraciones responsables tipo a los Ayuntamientos, utilizando los recursos tecnológicos ya existentes en la Administración, por lo que su implantación no representa ningún coste adicional

http://www.lamoncloa.gob.es/docs/refc/pdf/refc20130524e_2.pdf

El Supremo fija doctrina sobre los requisitos a valorar para adoptar, en interés del menor, el régimen de guarda y custodia compartida

El TS fija la doctrina interpretativa para adoptar el régimen de guardia y custodia compartida, en interés del menor, el régimen de guarda y custodia compartid, tras esta Sentencia podemos deducir que deja de ser excepcional la decisión de adoptar la guardia y custodia compartida para convertirse en algo normal y que siempre debe de estar supeditado al interés del menor.

Recuerda el TS que tras la Sentencia del Tribunal Constitucional de 17 de octubre de 2002, Sentencia nº 185/2002, adoptar el régimen de Guardia y Custodia Compartida no depende del informe del Ministerio Fiscal sino de la valoración que realice el juez en interés del menor para adoptar la guarda y custodia compartida , dejando claro que esta debe de ser la regla general siempre que no resulte perjudicial para el menor, pues “el mantenimiento de la potestad conjunta resulta sin duda la mejor solución para el menor en cuanto le permite seguir relacionándose establemente con ambos padres”. A partir de ahora la excepción será no otorgar la guardia y cutodia compartida a los progenitores.

Según el Tribunal Supremo, esta medida deberá ser solicitada por al menos uno de los progenitores y que se constate que no es perjudicial sino conveniente para el interés del menor. Estos requisitos que constatan la ausencia de perjuicio son: “la práctica anterior de los progenitores en sus relaciones con el menor y sus aptitudes personales; los deseos manifestados por los menores competentes; el número de hijos; el cumplimiento por parte de los progenitores de sus deberes en relación con los hijos y el respeto mutuo en sus relaciones personales; el resultado de los informes exigidos legalmente; y, en definitiva, cualquier otro que permita a los menores una vida adecuada en una convivencia que forzosamente deberá ser más compleja que la que se lleva a cabo cuando los progenitores conviven, sin que la mera constatación de que el régimen de guarda y custodia se adapta mejor al interés de los progenitores resulte suficiente para deducir que se adapta mejor al interés del menor, que es el que debe primar”.

Tiempo habrá de analizar esta Sentencia, pero lo que si podemos ya constatar es el cambio de mentalidad a todos los niveles para convertir en normal la conveniencia con ambos progenitores cuando hasta ahora esa situación de guardia y custodia compartida era lo excepcional.

Reforma Hipotecaria

 

Ayer 15 de mayo se publico en el BOE la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, o, a mi criterio, la mal denominada Ley antidesahucios, puesto que lo único que hace es suspender durante dos años los lanzamientos sobre viviendas habituales de colectivos especialmente vulnerables, con lo que esto no es sino que empiecen a contar los dos años desde el día 15 de mayo de 2013 en vez que desde el 16 de noviembre de 2012, fecha en que se publico el Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios.

Esta reforma no hace sino que refrendar lo que ya se aprobó mediante el Real Decreto-ley 27/2012 y por tanto se aplicará a los procesos judiciales o extrajudiciales de ejecución hipotecaria que estén iniciados pero no se haya producido el desahucio, pero siempre que sea de la vivienda habitual de las personas especialmente vulnerables, esto es,

  • Las familias numerosas
  • La unidad monoparental con dos hijos a su cargo
  • Familias con un menor de tres años.
  • Familias en las que uno de sus miembros tenga una discapacidad superior al 33, o que estén  situación de dependencia o enfermedad que le incapacite para trabajar
  • Unidad familiar en la que el deudor hipotecario se encuentre en situación de desempleo y haya agotado las prestaciones por desempleo.
  • Unidad familiar con la que convivan, en la misma vivienda, una o más personas que estén unidas con el titular de la hipoteca o su cónyuge por vínculo de parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, y que se encuentren en situación personal de discapacidad, dependencia, enfermedad grave que les incapacite acreditadamente de forma temporal o permanente para realizar una actividad laboral
  • Unidad familiar en las que exista una víctima de violencia de género y siempre de que la vivienda objeto de lanzamiento constituya su domicilio habitual

 

Además lo anterior, podemos hacer un resumen de las principales novedades que incluye esta ley:

  • Los intereses de demora de las hipotecas para la adquisición de la vivienda habitual, no podrán ser superiores a tres veces el interés legal del dinero y sólo podrán devengarse sobre el principal pendiente de pago.
  • En el caso de que se llegue a Subasta, el valor mínimo de salida se establece en un 75% del valor que se le dio a la vivienda en el momento en que si hizo la tasación, y para el caso de que quede desierta la subasta, la entidad financiera que otorgó el préstamo no podrá adjudicársela por menos del 70% del valor de subasta, en la actualidad podía adjudicársela por el 60%.
  • Una novedad interesante es que en la venta extrajudicial que se realice ante Notario, cuando éste considerase que alguna de las cláusulas del préstamo hipotecario pudiera tener carácter abusivo, tendrá que ponerlo en conocimiento del deudor, acreedor y en su caso, avalista e hipotecante no deudor a los efectos oportunos.

En este punto creo que la ley debería de haber sido más contundente y obligar al Notario a suspender la venta extrajudicial y no solo cuando se acredite haber planteado ante el juez competente el carácter abusivo de las clausulas. Supongo, y creo que así lo harán, que los Notarios procederán a la suspensión para evitar posibles responsabilidades.

  • Como consecuencia de la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia, se da la posibilidad a los Jueces, que hasta dicha sentencia no tenia, de suspender cautelarmente un desahucio si el afectado denuncia cláusulas abusivas.
  •  Para proceder a la ejecución de los bienes se establece que el mínimo de cuotas impagadas sea tres; en la actualidad, en teoría se podía dar por vencida la totalidad desde que se adeudase un plazo, aunque en la práctica ya eran tres.
  • Otra novedad significativa de la ley es la que establece que para el caso de que el deudor pierda la vivienda, si en el plazo de 5 años es capaz de pagar el 65% de la deuda, mas el interés legal del dinero de ese plazo, quedará liberado del resto de la deuda, y si lo hiciese en el plazo de 10 años se le condonará siempre y cuando en vez de ese 65% pagase el 80%. Además de que si la entidad financiera lograse vender en el plazo de 10 años la vivienda adjudicada, la deuda quedaría reducida en un 50% de las plusvalías que obtuviese, es decir, no solo sale ganando la entidad financiera, sino que si logra vender ese inmueble ganando dinero, este se repartiría a partes iguales entre el banco y entre el deudor para reducir su deuda.
  • La ley también facilita el acceso  a la subastas a más personas al reducir el aval necesario para pujar del 20% al 5% del valor de tasación y duplicando el plazo de 20 días para depositar el remate de la subasta, con lo que siempre tendrá más tiempo para buscar financiación en caso de que lo necesite.
  • También es importante la modificación introducida por la Ley fortaleciendo la protección del deudor hipotecario en la comercialización de los préstamos hipotecario, así será necesario que  la escritura pública incluya, junto a la firma del cliente, una expresión manuscrita, en los términos que determine el Banco de España,  en la que se manifieste que ha sido informado, ya no solo valdrá la lectura por el notario.

Por último decir que la Ley incluye un mandato al Gobierno para que sin demora se impulse la constitución de un fondo social de viviendas destinadas a las personas que ya han sido desalojadas de su vivienda habitual por el impago de un préstamo hipotecario.

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