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VIDEOVIGILANCIA

Al hilo de una conversación mantenida hoy ha surgido el tema de la proliferación de las cámaras de seguridad, tanto en los comercios como en los edificios particulares y garajes o parkings, públicos y privados.

Ante esta situación mi contertulio lo primero que me ha preguntado es si es legal la instalación de dichas cámaras, para acto seguido manifestarme su preocupación por si atentaban contra alguno de sus derechos. Lógicamente también ha preguntado por el uso de las cámaras de seguridad instaladas en la vía pública.

Mi respuesta ha sido corta y concisa por el lugar y momento en que me la ha realizado, y ha sido esta: Por un lado existe una Ley Orgánica que regula la utilización de las videocámaras para la grabación de imágenes,  los únicos que están legitimados son las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y con la única finalidad de contribuir a la seguridad pública, con lo cual también le respondía a su primera pregunta: los particulares no están autorizados a la grabación de imágenes, aun solo sea en tiempo real, en los lugares públicos.

Anteproyecto de Ley de Medidas de Flexibilización y Fomento del Mercado de Alquiler de Viviendas

Lo más llamativo de este anteproyecto de Ley aprobadopor el Consejo de Ministros del 24 de agosto de 2012 es que el retraso en el pago por parte del inquilino conlleva que podrá ser desahuciado en diez días. Esta afirmación tan contundente no hay que tomarla no en sentido estricto, ya que se podrá desahuciar mediante el correspondiente Auto que dicte el Juez. Desde luego es una medida acertada que puede tener como consecuencia la salida al mercado del alquiler de un gran número de viviendas que hasta la fecha sus propietarios no lo hacían, principalmente por las consecuencias gravosas que conllevaba ya que cuando el propietario se decidía a alquilar su vivienda, en caso de impago de las rentas por los arrendatarios se veía en la impotencia de tener que asumir un proceso de desahucio, que en muchas ocasiones se eternizaba. Según las fuentes del INE existen alrededor de unos 3 millones de viviendas vacías y solo un 17% de población que reside en viviendas de alquiler.

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